Democratizar la innovación, en la dirección correcta?

La innovación es el motor que impulsa las economías contemporáneas. Los niveles de vida están determinados por el crecimiento de la productividad, que a su vez depende de la introducción y difusión de nuevas tecnologías que permitan producir una variedad cada vez más amplia de bienes y servicios con cada vez menos recursos de nuestro planeta.

Los legisladores y la gente comprenden la importancia de la innovación. Lo que se aprecia menos es el grado en que la agenda de innovación ha sido capturada por grupos reducidos de inversionistas y empresas cuyos valores e intereses no reflejan necesariamente las necesidades de la sociedad.

En las economías avanzadas de hoy, las empresas privadas realizan la mayor parte de la investigación y el desarrollo. La participación del sector empresarial en el gasto total en I + D varía del 60% en Singapur al 78% en Corea del Sur, y Estados Unidos más cerca del extremo superior, con un 72%. Pero es el sector público el que proporciona la infraestructura social, legal y educativa esencial que sustenta la I + D privada.

La innovación en el sector privado depende fundamentalmente de la financiación gubernamental de los laboratorios de investigación y ciencia básica. Cuenta con talento científico formado en universidades apoyado por fondos públicos. Los Estados proporcionan a los innovadores derechos de monopolio a través del sistema de patentes y garantiza la apropiación privada de los beneficios de la I + D a través del derecho laboral y contractual. No menos importante, la I + D privada está fuertemente subsidiada por el Estado a través de créditos fiscales y otras políticas.

Como sociedad, deberíamos preocuparnos no solo por la cantidad de innovación que se produce, sino también por los tipos de nuevas tecnologías que se desarrollan. Debemos asegurarnos de que estamos invirtiendo en tecnologías que son seguras, ambientalmente racionales, empoderan en lugar de simplemente reemplazar el trabajo humano y son consistentes con los valores democráticos y los derechos humanos.

La dirección del cambio tecnológico no se fija ni se determina desde fuera del sistema social y económico. En cambio, está conformado por incentivos, valores y la distribución del poder.

A pesar de la gran participación de los Estados en el apoyo a la innovación, los gobiernos suelen prestar muy poca atención a la dirección que toma el cambio tecnológico en manos privadas. Pero las prioridades de las empresas privadas a menudo las llevan a invertir menos en tecnologías que tienen beneficios significativos a largo plazo, como las que reducen el cambio climático, o a prestar atención inadecuada a las implicaciones de las innovaciones digitales en los derechos humanos o la privacidad. Las compañías farmacéuticas, por ejemplo, buscan ganancias en medicamentos de alto precio para enfermedades raras que afectan a las economías avanzadas, en lugar de vacunas para enfermedades que afectan a millones de países pobres.

Las prioridades de los innovadores están naturalmente determinadas por su propio entorno cultural y social.

Para que la innovación tecnológica sirva a la sociedad, la dirección que tome debe reflejar las prioridades sociales. Los gobiernos han eludido su responsabilidad aquí, debido a la creencia generalizada de que es difícil alterar el curso de la tecnología. Pero no hemos intentado lo suficiente para dirigir la tecnología en las direcciones correctas. La innovación es demasiado importante para dejarla solamente en manos de los innovadores.