Desde la crisis financiera mundial de 2008, China ha aumentado constantemente sus préstamos directos a los países en desarrollo, a menudo con condiciones draconianas.
La pandemia enfrenta a los países pobres muy endeudados con un dilema fatídico. Los líderes se han visto obligados a elegir entre seguir pagando la deuda o redirigir los recursos para salvar vidas y medios de vida. En esta decisión de elegir la moratoria existe un actor muy importante: China, el mayor financista de África.
Una moratoria sobre los pagos de la deuda era esencial para que Etiopía pudiera responder al COVID-19. Tal moratoria salvaría a Etiopía, uno de los países más pobres del mundo, con $ 1.7 mil millones a fin del 2020 y de $ 3.5 mil millones si se extendiera hasta fines de 2022. Una respuesta efectiva al COVID-19 costaba $ 3 mil millones.
Una moratoria de la deuda salvó a Angola. Junto con Chad, la República del Congo, Mauritania y Sudán; Angola estaba bajo una fuerte presión financiera debido al colapso de los precios de las materias primas provocado por la crisis del COVID-19. En septiembre 2020, Angola obtuvo un acuerdo con tres de sus principales acreedores: el Banco de Desarrollo de China -BDC-, al que debe $ 14.5 mil millones y el Banco de Exportación e Importación de China –EximBank- al que le adeuda $ 5 mil millones; para recibir $ 6.2 mil millones en alivio de la deuda durante los próximos tres años.
De manera similar, en octubre 2020, Zambia no cumplió con un pago de intereses de 42,5 millones de dólares sobre un bono denominado y estuvo a punto de incumplir su deuda externa de 12.000 millones de dólares, el equivalente a aproximadamente la mitad de su PIB. Los bancos chinos aliviaron la presión: el CDB difirió los pagos de intereses y capital durante seis meses hasta abril de 2021 y el EximBank suspendió todos los pagos de su cartera de préstamos soberanos de 110 millones de dólares. El acuerdo con EximBank se realizó en el marco de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI: Debt Service Suspension Initiative) del G20, en virtud de la cual 73 de los países más pobres del mundo pueden solicitar un respiro temporal de los reembolsos bilaterales de la deuda. Hasta ahora, 46 países, incluidos Angola y Zambia han presentado solicitudes al DSSI.
Alrededor del 70% de los pagos afectados, por un valor de alrededor de $ 8 mil millones, corresponde a deuda con China, que posee el 62% de la deuda bilateral oficial de África. Esto no debería ser una sorpresa ya que desde la crisis financiera mundial de 2008, China ha aumentado constantemente sus préstamos directos a los países en desarrollo. Para los 50 beneficiarios más endeudados de tales préstamos, el saldo promedio de deuda con China ha aumentado de menos del 1% del PIB en 2005 a más del 15% en 2017.
Esto conlleva graves riesgos. Para empezar, los financistas chinos tienden a establecer condiciones de endeudamiento más onerosas con tasas de interés más altas y vencimientos más cortos que los bancos multilaterales de desarrollo.
Además, la mayor parte de los préstamos bilaterales de China se materializan a través de los llamados bancos de política y los bancos comerciales de propiedad estatal que son controlados por el estado chino, pero que operan como entidades legalmente independientes, no como financistas soberanos, a diferencia de los miembros del Club de París de los principales acreedores soberanos, donde requieren garantías para los préstamos de los países desarrollo. La gran diferencia sucede cuando un país africano solicita el alivio de la deuda, los acreedores chinos reclaman los derechos de los activos en custodia.
Además, debido a su estado turbio, ni oficial ni privado, los bancos chinos tienden a renegociar los préstamos soberanos de forma bilateral y en secreto. Ese fue el caso del acuerdo de Zambia con el BDC, que China considera un acreedor comercial. Al negarse a atender las llamadas del Banco Mundial y el G20 para que el BDC participe en el DSSI como financista bilateral oficial, China insistió en que la suspensión de los pagos del servicio de la deuda se llevó a cabo de forma voluntaria y de acuerdo con los principios del mercado.
Sin duda, China no es la única responsable de esta situación. Ha sido el fracaso de otros bancos en proporcionar el financiamiento adecuado, especialmente la inversión en infraestructura, lo que llevó a tantos países africanos de bajos ingresos a los brazos de los acreedores chinos.
Los países africanos a menudo no pueden permitirse el lujo de construir la infraestructura que necesitan para apoyar a su creciente población. Además, carecen de acceso a los mercados de capital y bancos internacionales. Y los financistas soberanos no han recuperado la holgura: en 2017, el Club de París representó solo el 5% de la deuda pública y con garantía pública en África subsahariana.
Los financistas chinos, por otro lado, han estado dispuestos a otorgar préstamos a los países africanos pobres sin exigir mucho en términos de reformas de gobernabilidad y medidas anticorrupción. El resultado ha sido proyectos que están sujetos a condiciones crediticias draconianas, costosos de operar y es poco probable que produzcan rendimientos decentes.
La moratoria de la deuda durante la crisis de COVID-19 puede ofrecer a los países pobres un respiro temporal, liberando fondos para la respuesta a la pandemia. Pero no resolverán los problemas de deuda de estos países. Por el contrario, el fin de la moratoria podría desencadenar una ola de incumplimientos sincronizados, lo que requeriría la intervención del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones multilaterales.
La moratoria de la deuda china durante la pandemia, aunque importante, no solucionará este problema.
Para abordar estos riesgos de la deuda de manera sostenible se requiere un nuevo marco internacional. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debería liderar el camino para crear un marco que pueda manejar las consecuencias de los préstamos predatorios chinos. Después de todo, responsabilizar a China por sus prácticas comerciales desleales es una de las pocas áreas en las que existe un amplio acuerdo bipartidista en Estados Unidos, y las acciones de China en materia de finanzas son aún menos transparentes y potencialmente más destructivas.
