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Alcanzando la neutralidad climática podremos garantizar la seguridad energética y alimentaria

La invasión rusa en Ucrania ha forzado a la Unión Europea a acelerar el ritmo de un cambio en la política energética y climática y conducir esta herramienta de presión mediante la reducción radical de la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles procedentes de Rusia.


A la justificación geopolítica de esta necesidad se une el imperativo de abordar la cuestión del cambio climático. En su último informe sobre mitigación, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático subraya la urgencia de esta tarea. Si queremos evitar un aumento catastrófico de las temperaturas mundiales, las emisiones totales de gases de efecto invernadero deben alcanzar su tope máximo en 2025. Además, la transición de la economía en su conjunto a una energía limpia debe gestionarse cuidadosamente de forma que se tengan en cuenta sus inevitables consecuencias sociales y económicas.


La Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones desempeñan un papel fundamental en esta transición. Las inversiones en energías renovables, eficiencia energética y tecnologías innovadoras, como el hidrógeno verde, constituyen herramientas importantes a la hora de hacer frente a la agresión de Rusia y contribuyen a salvar el planeta de la dependencia de los combustibles fósiles. Cada euro que Europa dedica a la transición energética dentro de sus fronteras es un euro menos en las manos de un poder autoritario que mantiene una guerra agresiva. Cada euro que dedica a la energía limpia aumenta la independencia a la hora de tomar sus propias decisiones. Cada euro que dedica a ayudar a sus socios internacionales a acelerar sus estrategias de descarbonización es una inversión en resiliencia y en la lucha contra el cambio climático.


Desde que se produjo la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, la Unión Europea ha acelerado sus planes de transición energética para ayudar a poner fin a la dependencia de Europa de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia lo antes posible. Aunque esto no se logrará de la noche a la mañana, los incentivos son ahora mayores que nunca. Lograr la independencia energética es posible mejorando la eficiencia energética, diversificando suministros y aumentando el uso de energías renovables. Este proceso requiere una movilización a todos los niveles, desde los organismos supranacionales hasta los hogares y las persona.


Europa debe tener presentes que tiene dos riesgos importantes en este cambio de matriz energética. En primer lugar, la búsqueda de proveedores alternativos de gas natural no debe someterlos a una dependencia a largo plazo que requiera grandes inversiones en infraestructuras de combustibles fósiles. Tal respuesta sería costosa, catastrófica para el planeta. En segundo lugar, no se debe cambiar un cuello de botella por otro y pasar de una dependencia excesiva de combustibles fósiles a una dependencia excesiva de los materiales necesarios para la transición ecológica. Estos recursos están muy concentrados en un pequeño grupo de países, y no todos ellos comparten los mismos valores e intereses que tiene la Unión Europea. Fortalecer la autonomía estratégica y la resiliencia de la Unión Europea debe seguir siendo un objetivo primordial de la transición.


Europa no puede hacerlo por sí sola. Ganar la batalla contra el cambio climático y hacer frente a la agresión de Rusia son desafíos mundiales que requieren una respuesta global. La guerra del presidente ruso Vladimir Putin ha reforzado la justificación estratégica para que todos los países reduzcan sus importaciones de combustibles fósiles e inviertan más en soluciones energéticas respetuosas con el clima.


Esta es la razón por la que la Unión Europea está llevando a cabo una amplia diplomacia climática animando a otros países a elevar su nivel de ambición climática y comprometer importantes recursos para realizar la transición hacia una economía de cero emisiones.

A través del Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea ha expuesto sus ideas para emprender una actuación conjunta dirigida a las raíces del problema de los mercados del gas, a fin de asegurar la seguridad de suministro a precios asequibles con vistas al invierno de 2023. Ha propuesto introducir una capacidad de almacenamiento de gas obligatorio para el próximo invierno que cubra un mínimo del 80 % de las necesidades con vistas a asegurar el suministro energético. También ha presentado las opciones para una intervención del mercado a escala europea para responder a la preocupación por el mantenimiento de los elevados precios de la energía.


Está trabajando en la modernización de la normativa de la Unión Europea sobre emisiones industriales a fin de orientar a la gran industria en la transición ecológica a largo plazo con normas actualizadas que ayudarán a orientar las inversiones industriales necesarias para la transformación de Europa con vistas al logro de una economía que no contamine en absoluto, competitiva y climáticamente neutra de aquí a 2050. Su objetivo es estimular la innovación, recompensar a las empresas pioneras en este ámbito y contribuir a la igualdad de condiciones en el mercado europeo. La revisión contribuirá a aportar certidumbre respecto de la inversión a largo plazo, y está previsto que las primeras nuevas obligaciones impuestas al sector industrial entren en vigor en la segunda mitad de la presente década. Esta iniciativa está movilizando 300.000 millones de euros de inversión en infraestructuras ecológicas y digitales para hacer frente a las crisis climática, energética y de la biodiversidad.


Por otro lado, el Banco Europeo de Inversiones, creado a principios del 2022, está dedicado al desarrollo financiero, la acción por el clima, las inversiones innovadoras, el desarrollo sostenible y las nuevas formas de ayudar a las personas gente que viven en los lugares con las condiciones de vida más adversas y se ha comprometido a apoyar con una inversión de un billón de euros en acciones en favor del clima y la sostenibilidad medioambiental desde la actualidad al 2030. Ya está trabajando con socios de todo el mundo para movilizar el financiamiento de proyectos en materia de eficiencia energética, energías renovables y redes eléctricas.


La Unión Europea está preparando todos los elementos necesarios para colaborar con la comunidad mundial a poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles. La guerra rusa en Ucrania no es una razón para retrasar las inversiones en la acción por el clima. Al contrario, una mayor inversión ecológica proporcionará una mayor autonomía estratégica. La descarbonización se ha convertido en un imperativo geopolítico.


Sin duda, la guerra de Ucrania exige una acción urgente, que podría incluir soluciones rápidas. Pero tales medidas deben integrarse cuidadosamente en una estrategia más amplia, que incluya un cambio más rápido hacia las energías renovables, donde la Unión Europea, podría exigir una reconsideración de la energía nuclear. Vale la pena señalar que el camino de cero neto propuesto por la Agencia Internacional de Energía en su World Energy Outlook 2021 exige un aumento en la participación de la energía nuclear en la combinación energética y este no es un asunto que solo deben considerar los formuladores de políticas; sino todos los inversionistas deben adoptar un enfoque más holístico de la energía, uno que equilibre el imperativo de alejarse de los combustibles fósiles con las limitaciones geopolíticas de los países. De manera similar, los inversionistas deben mejorar su capacidad para evaluar las consideraciones ambientales y sociales en conjunto.


La idea de una “transición climática justa” no es nueva. Pero adquiere una nueva prominencia en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha elevado los precios mundiales no solo de la energía, sino también de los alimentos. De hecho, al interrumpir el suministro de alimentos de Rusia y Ucrania, la guerra ha amenazado fuertemente la seguridad alimentaria mundial.


La agricultura y la industria alimentaria son sectores que consumen mucha energía y tienen efectos de gran alcance en la biodiversidad y desempeñan un papel clave en la transición a cero emisiones netas. Pero la guerra de Ucrania ha demostrado que cualquier estrategia para mitigar el impacto ambiental de estos sectores también debe reconocer la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria, por ejemplo, a través de la diversificación de los suministros.


La necesidad de combinar consideraciones ambientales y sociales se aplica a las empresas, pero también, y quizás más importante, a los gobiernos, para los cuales la industria financiera aún tiene que adoptar una metodología común suficientemente detallada. El enfoque que surja debe tener en cuenta la eficacia con la que los gobiernos gestionan los efectos distributivos de las políticas relacionadas con la transición a cero emisiones netas. Sin una distribución justa de la carga, el apoyo a la acción climática se deteriorará.


Finalmente, los inversionistas deben tener una visión más matizada de la industria de defensa donde los inversionistas de ESG – sigla del inglés sobre criterios ambientales, sociales y de gobernanza - podrían querer reconsiderar su enfoque hacia las empresas que mejoran la capacidad de los países para defenderse contra la agresión. Se necesita con urgencia un conjunto más sólido de principios sobre la integración de los derechos humanos en las políticas de inversión.


Alcanzando la neutralidad climática podremos también garantizar la seguridad energética y alimentaria. Para evitar un pésimo resultado, las empresas y la sociedad civil deben unir fuerzas para trazar un camino a seguir. Los inversionistas, los consumidores, los trabajadores y las empresas tienen la responsabilidad compartida de diseñar un nuevo sistema que cumpla con la visión del acuerdo climático de París e incluya un enfoque más integral para las evaluaciones de ESG sobre los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Habrá que pagar un precio por volverse ecológico a un ritmo que refleje el doble objetivo de salvaguardar nuestro planeta y el derecho a la autodeterminación. Pero vale la pena pagar ese precio, incluido el apoyo fiscal necesario para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad.




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